Una sociedad corrupta es una sociedad en disolución

Los obispos tímidamente van lanzando sus voces contra la corrupción. Ese mal que se expande como una mancha de aceite por toda la sociedad y que, en especial, está dejando a los pies de los caballos a la casta política. Intermon Oxfam clama por los paraísos fiscales, reducto protegido por las leyes de otros tantos países, con el único objetivo de hacer posible que evadan al fisco las fortunas más favorecidas. Una trampa legal injusta para el bien común y perniciosa para la economía de cualquier país.

Una sociedad globalizada que ve tambalearse el estado de bienestar del que tan orgullosos nos sentíamos los europeos, no puede dejar de mirar hacia quienes permiten el desmantelamiento de la sanidad, la educación o la justicia, alegando hipócritamente que la privatización es necesaria. Gente que ha cobrado sobres en negro, prebendas múltiples, dietas por residencia teniendo vivienda propia; gente que no duda en infligir a las clases más desprotegidas recortes sin ruborizarse, no tiene derecho a ocupar un cargo que está diseñado para trabajar por el bien común.

Los políticos y los financieros, han arruinado España. Su modus operandi consiste en mentir sin rubor, prometer mejoras que luego no acometen. Lo cierto es que todos ellos deberían ser auditados y pasaríamos a comprobar cómo han hecho de la política su trampolín personal hacia el enriquecimiento más sospechoso. Fortunas labradas durante años de gestión empresarial y política al unísono, cuyo ritmo de vida excede a un sueldo honrado.

Es una vergüenza que desde la misma clase política se descubra ahora la pólvora, o lo que es lo mismo a toda una generación que no ha tenido otro oficio que medrar en política. Gente que no sabe lo que es ganar el pan con el sudor de su frente. Alevines de las juventudes de los partidos que se estrenan como concejales para ir saltando de cargo en cargo haciendo del servicio público su medio de vida.

La señora Botella ha hecho recientemente unas declaraciones donde ha constatando entre sus propias filas que las mamandurrias denunciadas, llenan los cuartos trasteros de todos los partidos. Y además es vox populi que entre los mismos políticos de diferente corriente ideológica prima el corporativismo para seguir sacando tajada del noble oficio del servicio público.

Si no se da la regeneración social, es posible que veamos a largo plazo una revuelta sin precedentes. Porque tal estado de cosas no puede seguir como hasta ahora. Es necesario finalizar con los paraísos fiscales y las trampas legales de los testaferros de los grandes evasores. Lo demanda el bien común, el sentido elemental de justicia corporativa, la necesidad prioritaria de vertebrar al país en una justa distribución de la riqueza. Hoy todos sabemos que los funcionarios esquilmados por sus señorías, pagan religiosamente los impuestos, que esas mismas señorías vienen ocultando en sociedades opacas.

¿Se puede consentir tal despropósito?. ¿Es que no existe un atisbo de honradez y bonhomía en toda la casta política, parasitaria y depredadora?. Hacen bien nuestros obispos en proclamar la necesaria regeneración moral. Pero especialmente hay que seguir insistiendo en que el principal problema que existe hoy en España es la cantidad de cargos públicos dispuestos a esquilmar las arcas del Estado. Llevan años en una dinámica que nos ha arruinado a todos. Y siguen intentando salir beneficiados de un estado de cosas que no mejorar con recortes al ciudadano medio, sino con despidos colectivos a los sinvergüenzas vividores de la casta política. Es necesario adelgazar el Estado pero no de funcionarios honrados, sino de la mamandurria política excedente. Nos sobran duplicidades administrativas y cargos de dudosa efectividad.

La pobreza mundial podría ser erradicada con una mínima parte de las divisas que esconden los paraísos fiscales. Es por tanto un imperativo moral luchar para erradicar esa injusticia. Hace falta coraje para hacerlo desde la misma legalidad. Sólo entonces España volvería a resurgir de sus cenizas.

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